|
|
Declaración Pública:
A quiénes llevamos muchos años luchando por la VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN, nos averguenza el hecho, que ante la insensibilidad del Gobierno y de la mayoría de los parlamentarios de la Concertación, un reducido grupo de familiares de detenidos ejecutados en el Campo de Prisioneros de Pisagua, haya tenido que recurrir a la UDI para que las autoridades se preocuparan de su situación.
Es una verdad indesmentible que en Chile no se ha hecho justicia a las víctimas del Terrorismo de Estado que se ejerció en Chile desde 1973 hasta 1990. Después de la iniciativa simbólica del Presidente Aylwin que formó una comisión para investigar los crímenes de la Dictadura con resultado de muerte o desaparición, los Gobiernos de Frei y Lagos prefirieron barrer debajo de la alfombra los problemas pendientes en estas materias, antes que asumirlos en su dimensión histórica, política, social, jurídica y económica. Optaron por la judicialización del tema y los shows de la Mesa de Diálogo.
Repudiamos la ceguera y la hipocresía política de un Gobierno que a pesar de los Convenios Internacionales, de las miles de firmas reunidas, de los documentos y propuestas que responsablemente se le han hecho llegar, no sólo hace oídos sordos a las demandas de Verdad, Justicia y Reparación, sino que a través del Consejo de Defensa del Estado maniobra en tribunales para negarles a las víctimas el legítimo derecho a la Reparación. Emblemáticos son los casos de la estudiante de música baleada por un Carabinero en Santiago, los miembros de la FACH que se opusieron al Golpe, las ex presas y presos políticos de Valparaíso y Talca que presentaron demanda contra el Estado y los marineros constitucionalista que fueron detenidos y torturados, incluso antes del Golpe Militar.
A treinta años del Golpe, es hora de hacer justicia. El problema de las personas ejecutadas o desaparecidas por agentes del Estado, no es el único problema pendiente. Por pensar distinto y actuar en consecuencia, miles de chilenas y chilenos fuimos arbitrariamente detenidos, torturados, encarcelados. Se destruyeron no sólo nuestras vidas, sino las de nuestros familiares y amigos. Se nos persiguió con saña por pretender un Chile más democrático, justo y solidario. Al salir de los campos de prisioneros, de los centros de tortura, de los recintos militares, de los buques de la Armada, de las cárceles, no podíamos estudiar ni encontrar trabajo. Eso no tiene precio. Nuestro sufrimiento y nuestros principios no se venden. Que no se equivoquen quiénes creen que esto se soluciona con unos cuantos pesos.
Valoramos la actitud de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que en reiteradas ocasiones ha oficiado al Ejecutivo, solicitando el envío de un Proyecto de Ley que repare el daño causado. Destacamos las declaraciones del Senador Ominami quién al ser consultado por la prensa sobre que le gustaría escuchar del Presidente en su cuenta al país este 21 de mayo, señaló: "que el Gobierno está por presentar un Proyecto de Ley de Reparación Integral a las víctimas sobrevivientes del Régimen Militar".
El clamor de justicia no se acallará con indemnizaciones por justas que estas sean- ni descalificando a priori a quiénes responsablemente estén dispuestos a dar pasos significativos para cerrar las heridas que subyacen en el alma nacional. Este es un problema de Estado y lo vergonzoso es que personeros que estuvieron comprometidos con la Dictadura militar, que tienen responsabilidad política con los crímenes cometidos, den muestra de una visión más inteligente que el Gobierno de Lagos.
Secretariado Regional
AGRUPACIÓN DE EX PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS
Quinta Región
Valparaíso, 22 de mayo de 2003.