Nota: El de Abril del 2003, en Viña del Mar se conformó COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE EX PRESAS Y PRESOS POLITICOS DE CHILE, con asistencia de los Chacabucanos, la Marinería Constitucionalista, y las Agrupaciones de Osorno, Concepción, Talca, Santiago, Quillota, San Felipe, La Serena, Ovalle y Copiapo.  

Apuntes para una política de Derechos Humanos.

(una mirada sobreviviente)

Introducción:

            El carácter de la transición chilena, que descansa en un gran acuerdo político de las clases dominantes, avalado por el imperialismo norteamericano y sus socios europeos, condicionó el proceso de reconstrucción democrática a dos cuestiones fundamentales: la mantención del Modelo Económico –que consagra la injusticia social- y el irrestricto respeto a la Constitución de 1980 –que consagra la impunidad.

            En este marco -que garantiza la preeminencia patronal sobre los derechos de los trabajadores y garantiza la impunidad de quiénes a través del Terrorismo de Estado lograron imponer el modelo de acumulación capitalista-, quiénes defendían los derechos del pueblo desde dentro y desde fuera del Gobierno de la Unidad Popular, y quiénes luego del Golpe Militar lucharon denodadamente por recuperar la libertad y la democracia... fueron sacrificados a la “democracia de los acuerdos”.

En la elaboración de los consensos que permiten el desplazamiento del pinochetismo, se fueron desdibujando las responsabilidades de las instituciones y de los agentes que sistemáticamente y usando todos los recursos del Estado, torturaron, encarcelaron, relegaron y exiliaron a miles de chilenos. La otra cara de la medalla, es que a la inmensa mayoría de quiénes fueron víctimas de la represión se les ha denegado justicia, se les mantiene el estigma de “extremistas” con que los califico el régimen de Pinochet y el Gobierno hasta hoy se ha burlado de sus legítimas demandas de reparación y rehabilitación a las que está obligado por los pactos internacionales vigentes.

Nos encontramos con el absurdo, de que a través de la Comisión Rettig y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en juicios emblemáticos como el “caso Letelier”, el asesinato de Prats, Tucapel Jiménez, Carmelo Soria y otros, el Gobierno ha establecido que el Régimen de Pinochet cometió crímenes imprescriptibles e inanmistiables, que importan graves violaciones a los DD.HH.; pero cuando llega el momento de hacerse cargo de la responsabilidad del Estado y reparar, rehabilitar e indemnizar a las víctimas, el mismo CDE alega que estos “excesos” no son responsabilidad de las instituciones y que sólo existe responsabilidad individual de sus autores.

            Para negarse ha asumir la responsabilidad institucional y política del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos, el Gobierno se ha atrincherado en la tesis de que en Chile existe Estado de Derecho, por lo tanto todas las exigencias de justicia deben ser encausadas a través de los tribunales competentes; lo que ha llevado a la “judicialización” de las luchas que se libran en el ámbito acotado por el poder político. Por contraste, de ello se desprende con claridad la necesidad de “politizar” la demanda de justicia, exigiendo del Gobierno, los parlamentarios, los partidos políticos, que no se escuden más en un poder judicial que fue cómplice de la Dictadura y asuman la responsabilidad histórica que les corresponde.

Génesis histórica de los DD.HH.:

La primera sistematización de los derechos individuales inherentes a las personas fueron consagrados en la Carta de la Independencia norteamericana (1776) y en la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia en 1789. Estas establecían claramente los Derechos de las personas frente al Estado. Por ser los primeros que se establecieron, se conocen también como los derechos de primera generación.

Al finalizar la 2ª Guerra Mundial, se posicionan en la conciencia de la humanidad, los derechos de segunda generación; es decir los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho al trabajo en condiciones justas, derecho a la protección social y a un adecuado nivel de vida, derecho a la educación, a un techo digno y a la cultura. Derechos que para realizarse plenamente, requieren de un rol activo del Estado en su promoción y defensa.

Un punto que tiene singular importancia, es que los derechos civiles de primera generación, se posicionan frente al poder del Estado, en cambio los de segunda generación requieren para realizarse de la intervención estatal.

            El desarrollo de la conciencia mundial, ha generado la emergencia de nuevos derechos; los derechos de tercera generación que ponen el énfasis en los derechos de ”los otros”. En estos el eje no es la relación Persona/Estado, sino la relación entre las personas que debe ser cautelados por el Estado. Tienen que ver con la tolerancia y la no discriminación. Entre estos se destacan, los derechos de los pueblos indígenas, la de las minorías sexuales, los de la mujer, los de niños y niñas, los medioambientales.

            Al calor de las luchas históricas de los pobres de la ciudad y del campo por sus derechos básicos en Chile, desde mediados del 1800 a 1973, el concepto de “derechos humanos” no fue significativo.

            Es a partir de las graves violaciones a estos cometidas por agentes del Estado a partir de 1973, que estos se hacen carne en la conciencia social. Pero el hecho de que las luchas por los DD.HH surjan en nuestro país como respuesta al terrorismo de Estado, -en que se buscaba evitar la tortura y la muerte de las personas detenidas-, tuvo un efecto adicional, circunscribió el tema de los DD.HH. al derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física.

            Este reduccionismo, por una parte impide que sean asumidos por el campo popular en su acepción más amplia, como derechos políticos, sociales y económicos, y por otra  permite que se haya impuesto en la sociedad chilena, la idea de que el único problema pendiente en materia de DD.HH. es el de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos que aún no se encuentran.

Situación en Chile:

            La “democracia de los acuerdos” tiene una deuda importante con las víctimas sobrevivientes del Terrorismo de Estado. Y las luchas de estos sobrevivientes, tiene que ver no sólo con la legítima exigencia de Reparación Integral (social, política, jurídica y económica), sino también con la firme decisión de que Nunca Más en Chile, para defender los intereses de los más ricos, se ocupe militarmente el país, se arreste por miles, se torture salvajemente, se asesine con total impunidad, se arree como animales a los pobres hacia las canchas, se obligue a las familias a salir del país.

            Y es una lucha vigente, porque el Modelo Económico administrado con mano liviana por la Concertación, descansa en la sobreexplotación de los trabajadores manuales, técnicos y administrativos; en la existencia estructural de una masa de trabajadores cesante, que permita abaratar el costo de la mano se obra,; en la precariedad del empleo, en la proliferación –alentada por el Gobierno a través de sus Programas para combatir la pobreza- de miles de autoempleos de subsistencia. La privatización y el desmantelamiento de las grandes empresas estatales, el fraccionamiento del proceso productivo a través de “contratistas” que usan gente “por faena” y la precaria existencia de miles de profesionales que trabajan a honorarios, por breves períodos, es un requisito para mejorar la tasa de ganancia del capital y para fraccionar, aislar, debilitar y someter a la clase trabajadora.

            El gran éxito de la Dictadura, es la de haber institucionalizado su Modelo económico y las estructuras políticas que lo sustentan. Pero desde el punto de vista de las masas trabajadoras, en Chile se institucionalizó la injusticia y la sobreexplotación. Las estratosféricas ganancias de los grupos económicos, las utilidades que les reporta el sistema previsional, las ganancias fabulosas que les dejan los servicios públicos privatizados (agua, electricidad, teléfonos), las desigualdades aberrantes en vivienda, salud y educación... son una situación insostenible en el tiempo. No hay Patria que aguante, ni pueblo que lo soporte.

            Las enseñanzas del caso argentino, país que por aplicar disciplinadamente el modelo del FMI y el Banco Mundial, colapsó económica, social y políticamente, debiera hacernos reflexionar sobre nuestro futuro. Las exportaciones como viga maestra del desarrollo económico están tocando fondo. Se arrasan los bosques para exportar madera y chips, se han agotado los recursos pesqueros en beneficio de los grandes empresarios del sector, se expulsa a los mapuches de sus tierras para que las empresas eléctricas y forestales puedan hacer sus negocios.

            La complicidad de la “clase política” y la propiedad de los grandes medios de comunicación, impide que la ciudadanía tome conciencia de que en aras de generar ganancias para el capital, se están violando masivamente los derechos humanos. El derecho básico a trabajar por un salario digno, el derecho a la alimentación, el derecho social a no ser marginado ni excluido. La represión a los mapuches no es casualidad, la represión a los pescadores artesanales que en su desesperación salen a tomarse los caminos, es sólo una muestra de los intereses que se privilegian y defienden.

            Todo el aparato gubernativo, judicial, militar y policial está desplegado para garantizar el sometimiento de las mayorías trabajadoras a los intereses del gran capital asociado al capital transnacional. Los grandes acuerdos comerciales con asiáticos, europeos y norteamericanos, que serán determinantes en las condiciones de vida de la población se toman a espaldas del pueblo. No es casualidad que en la firma de estos acuerdos, sólo participen funcionarios gubernamentales y empresarios.

Derechos del Pueblo, base para una política de Derechos Humanos.

            El respeto a los derechos fundamentales de las personas sólo será factible en la medida que los pobres, marginados y excluidos (es decir todos aquellos que no somos del jet-set, que no nos aceptan en el Club de la Unión y no somos invitados por el Presidente Lagos a su giras) seamos capaces de articular nuestras reivindicaciones con la de aquellos que comparten nuestra situación de indefensión, pobreza, exclusión y marginalidad.

            Como se expresa en el prólogo de “El Informe Gitter”: exigir el pleno respeto a los Derechos Humanos, golpea el corazón mismo del sistema. Pone en jaque todas las estructuras de poder. Cuestiona la explotación capitalista, el servilismo del gobierno, del parlamento, del poder judicial, de las Fuerzas Armadas y de las policías. Compartimos el criterio, de que se trata de una gran batalla política, no sólo jurídica o ética, que hace indispensable la unidad de acción y la independencia respecto del Estado de las organizaciones populares y de derechos humanos. En esta lucha no hay cabida para  sectarismos, hegemonismos trasnochados o actitudes mesiánicas. Quiénes persisten en esta actitud, quiénes hacen del matonaje, la descalificación y la expulsión de los que no piensan como ellos una forma de hacer política, cada vez quedan más sólos y aislados.

La lucha por el respeto integral de los derechos humanos no puede entenderse sólo como el derecho a la vida, a la integridad física y sicológica de las personas, sino también como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, la educación y la cultura. Exigir del Estado y la sociedad respeto a los DD.HH. por un mínimo de consecuencia nos obliga a aceptar la diversidad ideológica, étnica, de genero, sexual, etc. y ser solidarios con las personas y pueblos agredidos, donde quiera que ello ocurra.

            Hemos criticado con justa razón, de que la lucha por los DD.HH sólo se activa en fechas determinadas, tiene un carácter básicamente conmemorativo, es autorreferente, vive mirando para atrás. La única forma real de insertarse en la contingencia es participando activamente en las luchas y movilizaciones actuales. Apoyar desde nuestra temática, las demandas, aspiraciones y justas exigencias de los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, los cesantes. Poner la bandera de los DD.HH en las movilizaciones contra la agresión imperialista, vincular nuestras reivindicaciones con los derechos que están siendo pisoteados en este momento y en cualquier parte del mundo.

            No podemos presenciar impávidos, como los gringos masacran a los pueblos árabes, como incrementan su presencia económica y militar en América Latina, como en Chile la derecha azuza los perros, para que se reprima al pueblo mapuche, como mientras a los torturadores y asesinos del régimen militar se les recluye en sus domicilio, hoteles de lujo o el Hospital Militar, a los presos políticos del pueblo se les trata de destruir física y sicológicamente en Cárceles de Alta Seguridad, como se “criminaliza” a la juventud e incluso a los niños, como se reprime ferozmente a todos aquellos que sólo buscan mantener dignamente sus familias, mientras que empresarios y funcionarios de Gobierno saquean las arcas fiscales.

Una política clara, unitaria, movilizadora y combativa.

            La esencia de la política es el problema del Poder, politizar el tema de los Derechos humanos pasa por dos cuestiones centrales:

• por una parte EXIGIR al Estado, es decir a la máxima expresión del poder dominante, asumir su responsabilidad histórica por las violaciones a los DD.HH. cometidas por el régimen militar (cambio el régimen, pero el Estado es el mismo), y que se comprometa a respetar integralmente los derechos humanos básicos, tanto los que garantizan el derecho a la vida y a la integridad física y síquica, como los derechos económicos, sociales y políticos. Esta exigencia pasa por interpelar directamente al Gobierno, a los parlamentarios, al poder judicial, a las FF.AA., a las policías, a los municipios, a través de petitorios, movilizaciones, acciones directas.

• La contraparte dialéctica, tiene que ver con la construcción de la fuerza que le ponemos a estas exigencias. La situación actual, es producto de la derrota estratégica de las fuerzas populares, que aplastó y fragmento sus organizaciones. Para superar la derrota que nos tiene divididos, debilitados  y dispersos, debemos ser capaces de concordar una plataforma unitaria, aunar esfuerzos, coordinar nuestras acciones y movilizaciones, potenciarnos unos a otros en la lucha contra el enemigo común.

Cuando cruje el andamiaje económico del imperio y el gobierno norteamericano reacciona como fiera herida, dispuesto a someter a los pueblos a sangre y fuego para sobrevivir, cuando el ordenamiento internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial comienza a irse a la mierda, cuando nuestros gobiernos se la juegan por “asociarse” a los gringos (a la manera como pueden asociarse el dueño de la avícola con las gallinas), tenemos el deber de educar a nuestro pueblo y oponernos con todo a la explotación, al sometimiento, a las injusticias.

SECRETARIADO de ORGANIZACIÓN

Valparaíso 1° de Mayo de 2003.

Nota final: Estos apuntes no pretenden dar ”la línea”, ni imponer criterios. Buscan fraternalmente abrir la discusión, el debate entre iguales, que nos permita ponernos de acuerdo y marchar juntos por la vereda izquierda de la historia.